Se agregan nuevas disposiciones al Decreto Ley que regula la actividad aseguradora y reaseguradora adaptándolo a la legislación de la Unión Europea al objeto de mejorar el trato a los asegurados y la eficiencia en la gestión de siniestros. En concreto, se pretende: 

• Adoptar una política unificada de tratamiento de los tomadores de seguros, asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados.
• Designar, de entre entidades o peritos independientes de reconocido prestigio e idoneidad, una entidad autónoma dirigida por un Defensor del Asegurado, a quien los tomadores de seguros,asegurados, beneficiarios o terceros perjudicados puedan presentar reclamaciones relativas a acciones u omisiones de las compañías de seguros.
• Definir políticas de prevención, detección e información de situaciones sospechosas de fraude.

Las aseguradoras deben garantizar una gestión imparcial de las reclamaciones presentadas ante el Defensor, que se proporcione la información necesaria y que el procedimiento no tenga coste alguno para el reclamante.

Se trata igualmente la política anti-fraude a seguir por aseguradoras, definiendo sus principios generales y su contenido mínimo. La política anti-fraude aprobada deberá constar en documento escrito y establecer mecanismos de investigación, identificación y evaluación del riesgo de fraude, definiendo políticas y programas de formación para los agentes colaboradores y un registro de conductas sospechosas a reportar al regulador.